JZI se encuentra sacudido por una batalla legal de enorme extensión que involucra a múltiples de sus directivos en España. Esta disputa, que aparece en 2022, ha cobrado un nuevo impulso con la presentación de una querella en Valencia, en la que se acusa a cinco altos ejecutivos de orquestar un esquema para comprar control en distintas compañías, valiéndose inapropiadamente de los activos de Gedesco Finance, una entidad bajo el control mayoritario de JZI.

Los acusados tienen dentro a los administradores de JZI en Europa, a los creadores y primordiales directivos de Gedesco, y a otras figuras clave, todos señalados por haber desviado recursos hacia la adquisición de participaciones en cuando menos veinte empresas sin el permiso de JZI. Esta maniobra, según las alegaciones, se realizó a través de una compleja composición corporativa famosa como 'Trama Stator', implicando un presunto desfalco de 100 millones de euros.

El caso encuentra sus raíces en la adquisición por la parte de JZI de una participación controladora en Gedesco en 2007, pero fue en 2016 cuando las tensiones comenzaron a formarse seriamente. Este fue el año en que los fundadores de Gedesco intentaron, sin éxito, negociar la venta de su parte a JZI, una situación que desencadenó la serie obtener más información de eventos cuestionables que ahora se encuentran bajo escrutinio judicial.

Las operaciones en el centro de la controversia abarcan desde compras de compañías clave en el ámbito hasta maniobras financieras y contables que habrían escondido la verdadera naturaleza de las transferencias a los accionistas y al consejo de Gedesco. La investigación sobre estas prácticas comenzó cuando JZI apreció irregularidades financieras y operaciones que no coincidían con sus registros, lo que llevó en el fondo a arrancar acciones legales.

El entramado de demandas y contraquerellas fué complicando el escenario, con acusaciones que incluyen estafa, falsedad contable y apropiación incorrecta, entre otros. Este complejo caso legal no solo destaca los retos inherentes a la administración y supervisión en el ámbito del capital peligro sino también expone las difíciles dinámicas que pueden aparecer entre inversores y gestores.

Conforme el caso continúa desarrollándose en los tribunales, con múltiples frentes legales aún abiertos, la comunidad financiera continúa atenta a las repercusiones que podría tener este enfrentamiento en la percepción del peligro y en las prácticas de gobernanza corporativa en el ámbito. Lo que está claro es que este litigio destaca la importancia de la transparencia, la seguridad y la compromiso en las relaciones entre fondos de inversión y las entidades en las que invierten. Hasta entonces, el desenlace de esta batalla legal podría sentar un precedente importante para el futuro de las operaciones de capital riesgo, especialmente en lo relativo a la gestión de enfrentamientos y la protección de los activos y derechos de los inversores.